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Construcción de sistemas de protección social para sociedades más resilientes e inclusivas en América Latina y el Caribe

Con Entorno, Responsabilidad social, Sociedad y globalización América Latina, Contexto, COVID-19, Economía, globalización, negocios, pandemia, Proteccion Social, sociedad, UDLAP

Al momento de escribir este ensayo, algunas partes del mundo como Europa y Estados Unidos— que en su momento fueron epicentros de la pandemia de Covid-19— están comenzando a vislumbrar lo que parece ser el inicio del fin de la crisis sanitaria, debido en gran parte a la presteza de los gobiernos a responder a dicha pandemia y la gran cantidad de vacunas que se han aplicado en su población. Sin embargo, las rápidas respuestas y las prontas recuperaciones ante el desafío mundial no han sido uniformes. América Latina y el Caribe aún se encuentran lejos de llegar a este mismo objetivo, siendo una de las regiones más afectadas por el SARS-CoV-2 tanto en contagios como en muertes.

La desproporcionada correlación entre la cantidad de población regional y las cifras de incidencia y mortalidad por el nuevo coronavirus han puesto de manifiesto la existente precariedad de los sistemas de protección social de la región. En 2020, en el conjunto de países latinoamericanos y caribeños vivía solamente el 8.4 por ciento de la población mundial, no obstante para diciembre del año pasado se concentró a nivel regional el 18.6 por ciento de los casos globales de Covid-19 y el 27.8 por ciento de los fallecimientos causados por la enfermedad en todo el planeta. Los deteriorados sistemas sanitarios y económicos de la región no pudieron hacer frente a la irrupción de la pandemia.

La emergencia sanitaria que conmocionó al mundo en términos exponenciales profundizó las fisuras y expuso las fragilidades de las sociedades de América Latina y el Caribe en construcción de sociedades justas y equitativas que pongan a las personas en el centro y no dejen a nadie atrás. Las consecuencias del preexistente abandono de la mayoría de los países de la región ante la emergente crisis han sido devastadoras y no únicamente en cuanto a la desafortunada y cuantiosa pérdida de vidas. El “Panorama Social de América Latina 2020” da cuenta de una contracción del Producto Interno Bruto regional del 7.7 por ciento y del cierre de al menos 2.7 millones de empresas con el consecuente incremento del desempleo.

Sumado a ello y de acuerdo a las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como consecuencia de la recesión económica derivada de la pandemia, la tasa de pobreza extrema en la región se situó en 12.5 por ciento y la tasa de pobreza alcanzó el 33.7 por ciento. Estas cifras indican que el total de personas consideradas como pobres a nivel regional ascendió a las 209 millones para finales del año pasado. Un incremento de 22 millones de personas que entraron en esta categoría con respecto al año anterior. Del total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema. 8 millones más de personas que en 2019. (Gráfico 1)

Gráfico 1

América Latina (18 países): personas en situación de pobreza y pobreza extrema, 1990-2020

(En porcentajes y millones de personas)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021) Panorama Social de América Latina.

El 26 de febrero de 2020 se confirmó la detección del primer caso de Covid-19 en América Latina y el Caribe en Brasil. Más de un año después, la región vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. A decir de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, nos encontramos frente a tres futuros posibles y muy diferentes entre sí. Se puede salir de esta crisis en un estado peor que cuando comenzó y estar aún menos preparados para la próxima conmoción social. Se puede luchar poderosamente para volver a la normalidad, pero esa tan anhelada normalidad es la que nos llevó al sombrío punto en el que estamos situados hoy, o, se puede salir mejor.[1] Así, esta crisis nos plantea como región oportunidades que podrían ser históricas, pero también nos exige definiciones que pueden ser trascendentales para las próximas generaciones de latinoamericanos y caribeños.

No hay duda de que el presente dilema regional nos presenta también un diagnóstico común: los niveles de desigualdad e inequidad que priman en la mayoría de los países de la región se han vuelto insostenibles y es urgente un replanteamiento. Como región, es perentorio implementar una reconstrucción inclusiva que ponga en marcha un desarrollo sostenible para superar la crisis, pero también para instaurar un verdadero Estado de bienestar, entendiendo por esto al conjunto de acciones primordialmente estatales, a través de los gobiernos, en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de sus poblaciones.[2] El desafío está presente: construir sistemas de protección social para sociedades más resilientes e inclusivas.

A decir del Secretario General de la ONU, António Guterres, la pandemia nos ha recordado la trágica desconexión entre el interés propio y el interés común.[1] No será fácil acortar la distancia entre dichos intereses, porque los motivos que los generan requieren de grandes dosis de generosidad, pero la especie humana precisa de un nuevo contrato social para coexistir de manera justa y equitativa, además de sostenible para generaciones venideras. Las oportunidades, la riqueza y el poder, no han sido aprovechados de forma imparcial, diferencias en las posiciones o estatus social, acceso o no a bienes y/o servicios producto de actividades sociales, han sido -entre otros más- detonadores de la pérdida de beneficios y derechos esenciales para buena parte de la humanidad. En este sentido, se impone un Nuevo Contrato Social, entre los Gobiernos, las personas, la sociedad civil, las empresas y más, para integrar el empleo, el desarrollo sostenible y sobre todo la protección social, sobre la base de la igualdad de derechos y oportunidades para todos.[2] Políticas de protección social con nuevas redes de seguridad que incluyan cobertura sanitaria universal y la posibilidad de un ingreso básico universal, son desafíos para el momento post COVID 19, que pondrá los reflectores para cada país, en la revisión de la prestación de servicios públicos, como la educación, la atención de la salud y el acceso a Internet.[3]

La protección social ya existía antes de la pandemia de Covid-19, al menos en términos conceptuales. En los últimos años, la protección social se había consolidado como un eje de acción que pretendía integrar un conjunto de medidas orientadas a construir sociedades más justa e inclusivas, y a garantizar nivele mínimos de vida.[4] A la par, la protección social se incluyó como un instrumento fundamental para acelerar el progreso hacia metas de desarrollo acordadas a nivel mundial, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En específico, la meta 1.3 del Objetivo 1 (“Poner fin a la pobreza”), la cual plantea lo siguiente: “Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables”.[5]

La importancia de la protección social también se tradujo en políticas como la del “Piso de protección social”, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en conjunto con agencias de la ONU. La política de la OIT sostiene que los pisos de protección social constituyen conjuntos de garantías básicas de seguridad social definidos a nivel nacional, que aseguran una protección destinada a prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. Dichas garantías deben asegurar, como mínimo, que— a lo largo del ciclo de vida— todos los que lo necesiten tengan acceso universal a los servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda, el agua y el saneamiento, entre otros, y también la seguridad básica de ingresos mediante diversas formas de transferencias, tales como pensiones para los adultos mayores o las personas con discapacidad, prestaciones por hijos a cargo, y apoyos para los desempleados y los trabajadores pobres.[6] De acuerdo a la OIT, los pisos de protección social deben incluir al menos cuatro garantías de seguridad social.[7] (Gráfico 2)

Gráfico 2

Piso de protección social

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2011) Piso de protección social. Recuperado de: https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/sp-floor/lang–es/index.htm

Análisis Diagnóstico

Como se comenzó a abordar con anterioridad en este ensayo y pese a los esfuerzos realizados en la región durante las últimas dos décadas para expandir la cobertura de protección social, los países se enfrentaron a la pandemia con grandes brechas y amplios grupos de la población desprotegidos, lo que puso en evidencia la fragmentación y las desigualdades de sus sistemas de protección social y la debilidad histórica del Estado de bienestar en la región.[1]

Recientemente la CEPAL recopiló datos alarmantes. Por ejemplo, previo a la pandemia de Covid-19, solo el 47.2 por ciento de las personas ocupadas de la región tenían una afiliación o cotización en los sistemas de pensiones, y el 60.5 por ciento estaban afiliadas o cotizaban en los sistemas de salud. Durante 2019, un cuarto de personas de 65 años y más no percibía pensiones, y ese mismo año, los programas de transferencias condicionadas cubrían, en promedio, únicamente al 18.5 por ciento de la población de los países de América Latina y el Caribe. Según los datos administrativos, entre 2010 y 2019, la cobertura promedio de los programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe se redujo casi un punto porcentual.[2] De acuerdo a estimaciones de la OIT, en 2016, solamente el 61.4 por ciento de la población en 17 países de América Latina y el Caribe habría estado cubierta por al menos una prestación de protección social. (Gráfico 3)

Gráfico 3

Proporción de la población cubierta por al menos una prestación de protección social, desglosada por sexo

(En porcentajes)

Fuente: Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe

En el desglose específico por países y según los últimos datos disponibles de 2019, Uruguay encabeza la lista dentro de esta categoría con el 84.5 por ciento de la población, le sigue Costa Rica con el 78.4 por ciento, República Dominicana con el 75.2 por ciento, Argentina con el 65.6 por ciento, Chile con el 57.2 por ciento, Panamá con el 55.1 por ciento, México con el 54.7 por ciento, Perú con el 43.3 por ciento, Colombia con el 28.3 por ciento y El Salvador con el 20.7 por ciento. En 2018, Brasil registró dentro de esta categoría al 74.9 por ciento de su población, Honduras al 18.1 por ciento y Guatemala al 14.1 por ciento. Durante 2017, Venezuela registró al 54.2 por ciento de su población en esta categoría, Ecuador al 31.7 por ciento, Bolivia al 40.8 por ciento y Belice al 43.8 por ciento.[1]

Por un lado, estos datos se ven reforzados con dos elementos adicionales. El primero es el gasto que los países de la región destinaban a la protección social. En cuanto a América Latina, en 2018 el gasto a este ámbito fue solamente el 4.1 por ciento del PIB. Y en el Caribe fue del 2.9 por ciento. Menos de un punto porcentual de aumento en diez años (Gráfico 4 y gráfico 5).

Gráfico 4

América Latina (17 países): gasto en protección social del gobierno central, 2000-2018

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países. Recuperado de: https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/indicador/gasto-proteccion-social

Caribe (5 países): gasto en protección social del gobierno central, 2000-2018

(En porcentajes del PIB)

Segundo, con los riesgos sociales que cada país tenía cubiertos a través de la protección social antes de la pandemia. (Gráfico 6).

Gráfico 6

América Latina (18 países): riesgos cubiertos por la seguridad social

Fuente: Filgueira,F.yotros(2020),“América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social”, serie Políticas Sociales, No 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre.

Frente a esta breve aproximación con los últimos datos reportados por países e instituciones de la región que demuestra un déficit de sistemas de protección social universales e integrales a nivel regional, es importante mencionar también que los gobiernos han respondido a la pandemia con una batería inédita de programas de protección social de emergencia. (Gráfico 7)[1]

Gráfico 7

América Latina y el Caribe: medidas de protección social para hacer frente al Covid-19

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021) Panorama Social de América Latina.

También se han generado acciones desde los dos pilares de los sistemas de protección social (el no contributivo o solidario, conocido como “asistencia social” y el contributivo o “seguridad social”) como el conjunto de medidas contributivas y de protección social dirigidas a los trabajadores formales durante 2020. En 32 países se han adoptado 263 medidas no contributivas que incluyen transferencias monetarias, entregas de alimentos y medicamentos, y aseguramiento del suministro de servicios básicos. Se estima que las transferencias monetarias y en especie llegarían, en promedio, al 49.4 por ciento de la población de los países de la región. Estas medidas de protección social han evitado un mayor aumento de la pobreza y pobreza extrema, pero hay un retroceso de 12 años en la pobreza y de 20 años en la pobreza extrema, la cifra de latinoamericanos pobres que viven con un ingreso máximo de tres veces la línea de pobreza llegó a 491 millones, es decir, el 80 por ciento de la población a nivel regional. La CEPAL considera imprescindible que se mantengan estas medidas al menos todo el 2021.[1]

En cuanto a las transferencias monetarias y transferencias en especies, la mayor parte de los países de América Latina adoptaron nuevas medidas, aunque con diferencias sustantivas en términos de cobertura y suficiencia. [2] (Gráfico 8)

Gráfico 8

América Latina y el Caribe (28 países): personas en hogares receptores de las transferencias monetarias y en especie de emergencia (2020) y de los programas de transferencias condicionadas, promedio simple por subregiones (último año disponible)

(En porcentajes de la población total)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021) Panorama Social de América Latina.

Llama la atención que, por ejemplo, México no implementó ninguna transferencia monetaria y en especie adicional. (Gráfico 9)

Gráfico 6

América Latina (18 países): transferencias monetarias y en especies

Analizando la situación mexicana, es preciso acotar que anteriormente a la pandemia, el país ya era noticia por no haber podido alcanzar los niveles de desarrollo humano requeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exigidos como parte de la estrategia de la Organización de Naciones Unidas. Los rubros más discutidos eran especialmente salud e ingresos de la población, a la par que altos niveles de desigualdad, como lo ha señalado la ONU en su documento “Desarrollo humano y Covid-19 en México: Desafíos para una recuperación sostenible”.[1]

El informe destaca que las condiciones preexistentes de desigualdad han moldeado la intensidad de los posibles impactos ocasionados por la COVID-19 en México. En otras palabras, no todos los individuos serán afectados de la misma manera, al mismo tiempo y con la misma severidad y no todos podrán recuperarse con la misma velocidad. Nos menciona Naciones Unidas que un elemento determinante para el alcance de las afectaciones de la crisis provocada por el Covid-19, es la capacidad de los individuos en el uso y acceso a la tecnología, misma que a su vez se encuentra constreñida por la dinámica de la desigualdad en México.

En suma, América Latina y el Caribe se posiciona como la región con mayor desigualdad de ingresos en el mundo y la pandemia de Covid-19 provocará, por primera vez en 30 años, un retroceso global en materia de desarrollo humano.[2] La escala y gravedad de la pandemia han provocado a su vez una crisis de gobernabilidad, con implicancias políticas, económicas y sociales que afectan a millones de personas simultáneamente.[3]

La crisis post-Covid-19, reta a las naciones a reflexionar sobre cómo se ha estado respondiendo y cómo se responderá en un futuro próximo, de una manera institucional, para mitigar los efectos y afectaciones políticas y sociales. Varias son las tareas pendientes de desarrollar, pero un área primordial que exige ser atendida y fortalecida a la brevedad es el área de la salud: procurar el acceso, desempeño, supervisión y evaluación efectivos de la red de servicios de salud; buscar la distribución y aplicación eficiente de medicamentos y productos sanitarios; conseguir la mejora de procesos de atención con una gobernanza correcta de los servicios de salud y lograr el uso racional de tecnologías para que todas las personas puedan contar con un acceso seguro a los sistemas de salud.

El desafío es enorme y el replanteamiento de gestión y gobernanza en la región se vuelve urgente.

Hasta diciembre de 2019, el gasto público de la región de América Latina y el Caribe era muy inferior al recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, del 6 por ciento del PIB de cada país. Más aún, el primer nivel de atención ni siquiera alcanzaba al menos un 30 por ciento del gasto público en salud. Los sistemas de salud en los países de la región siguen siendo débiles y su capacidad para enfrentar la pandemia ha sido muy desigual (Burki, 2020).

De acuerdo a la OCDE, la región tiene un promedio de dos médicos por cada mil habitantes, y la mayoría de los países están muy por debajo del promedio de la OCDE de 3,5, con solo Cuba, Argentina y Uruguay registrando más. El número promedio de camas hospitalarias en la región es de 2.1 por mil habitantes, es decir, menos de la mitad del promedio de la OCDE de 4,7. Barbados, Cuba y Argentina tienen más camas hospitalarias que el promedio de la OCDE, mientras que el stock está por debajo de una cama hospitalaria por cada mil habitantes en Guatemala, Honduras, Haití, Venezuela y Nicaragua. Además, según los datos recopilados justo antes de la pandemia, en promedio solo habían 9.1 camas de Unidades de Cuidados Intensivos por 100 mil habitantes en 13 países de la región, lo cual es mucho más bajo que las 12 camas de estas unidades en promedio en países de la OCDE. Brasil, Uruguay y Argentina están por encima del promedio de LAC, mientras que las tasas más bajas se observan en Costa Rica y El Salvador.

El “Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020” desarrollado por la OCDE plantea que el gasto total en salud en los países de América Latina y el Caribe corresponde a un 6.6 por ciento del PIB regional, inferior al 8,8% en los países de la OCDE. En cuanto a los países en específico, el gasto varió entre un 1.1 por ciento en Venezuela hasta un 11.7 por ciento en Cuba y 9.2 por ciento en Uruguay en 2017.[4]

Más allá de que la protección social sea tomada en cuenta como un mecanismo temporal para paliar los adversos y multidimensionales efectos de la crisis actual, debe ser desde ya una prioridad para los gobiernos y países de la región para modificar condiciones precedentes de desigualdad que, en algunos casos, únicamente se han profundizado.

Interpretación de la información

La visión que como universitario presento en este ensayo para apoyar a la construcción de sistemas de protección social para sociedades más resilientes e inclusivas, comienza por recordar lo que la Secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, pone como requisito para lograr un desarrollo sostenible: se requiere igualar para crecer y crecer para igualar . Está claro que los avances en materia de derechos, tanto civiles como políticos no ha ido a la par de los avances en materia de derechos económicos y culturales. La desigualdad está presente y por tanto es difícil conseguir la inclusión y la resiliencia.

Si se ha trabajado en la Región en cuanto a programas de protección social antes y durante la pandemia, como el caso México, con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, registrando a la pobreza desde su naturaleza multidimensional e intersectorial como una forma de disminuírla (https://www.coneval.org.mx/CONEVAL), o el caso Brasil con el programa Bolsa Escola, reconocido por ampliar el acceso a la educación y a la salud a poblaciones históricamente excluidas (Schwartzman S. Cox, C. julio 2019, Las Agendas Pendientes de la Educación (introducción), o el caso de Perú y Bolivia, que en 2017 entraron al programa SCORE: Promoción de Empresas Responsables y Sostenibles. Programa subsidiado por la Organización Internacional del Trabajo (https://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_250146/lang–es/index.htm),

Está claro que sí se ha crecido en protección social, pero no lo suficiente, como lo mencionamos anteriormente. La COVID-19l ha descubierto aún más esta carencia. Políticas fiscales equitativas, políticas de generación de empleo y protección social, medidas de igualdad de género, políticas que garantizan servicios de calidad (educación, salud, vivienda, agua, saneamiento, entre otros), etc., han sido diseñadas e implementadas como medidores de inclusión. Sin embargo, la meta común de superar desigualdades en todos los ámbitos de los derechos a fin de lograr sociedades inclusivas parece haberse quedado en suspenso. Este desafío de un nuevo contrato social es una acción de corresponsabilidad entre los gobiernos y los propios ciudadanos.

Como modelo de cambio, desde mi visión universitaria y como resultado del análisis, cinco son los parámetros indispensables a ser atendidos y potencializados:

Conclusiones y recomendaciones

La construcción de sistemas de protección social es un largo camino por recorrer, más aún si se pretende aplicarlos a una sociedad que se destaque por su capacidad resiliente e inclusiva.

Se trata de comprender a la sociedad, a los gobiernos, a las regiones y sí, comprender a las personas para poder interactuar entre todos entendiendo que somos diferentes pero eso nos permite enriquecernos al compartir un espacio que es nuestro mundo.

Hemos analizado diversos criterios y propuesto otros más para innovar en políticas públicas, pero nada de esto servirá si no hay un enfoque proactivo, más que reactivo en el entendimiento estratégico de nuestro entorno, si no hay un cambio para ver las causas de la desigualdad, la inequidad, la injusticia, más allá de las consecuencias, que, generalmente, saltan a la vista. Los factores generadores de exclusión son fácilmente detectables, lo que no se comprende, es por qué no son neutralizados.

Las estrategias de resiliencia están ligadas a la transformación de las regiones, a la inclusión de todos los habitantes de estas. En nuestro análisis, se constata que son varias las voces y las organizaciones que han señalado los motivos. Sin embargo, el efecto resiliente en una sociedad, como respuesta ante una pandemia, un desastre, una pobreza que estremece, no ha podido fraguar, por el contrario, se ha convertido muchas veces en un camino a la inequidad y la injusticia.

Más allá de lograr que a raíz de la pandemia del COVID-19 surjamos como una sociedad inclusiva y resiliente apoyada por sistemas de protección social, sería más estratégico, solidario y justo, buscar que en el día a día, sin más retrasos, tanto autoridades locales, regionales, el sector privado, la comunidad científica, la academia y la sociedad civil tomemos el rol esencial en la búsqueda y ejecución de soluciones sistémicas, así como en el apoyo para la construcción de comunidades resilientes. Todos debemos ser parte de este compromiso.

La resiliencia no es solo una respuesta ante los desastres, la inclusión no es solo utilizar la empatía como vehículo de reconocimiento o aceptación. Los sistemas de protección social no son solo poner fin a la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Tenemos el compromiso como especie, como humanidad de comprender al otro como igual en dignidad, y su dolor como propio, es un requisito en la búsqueda de una mayor equidad que requiere del involucramiento de la sociedad en su conjunto

Espero y anhelo que este ensayo apoye a elaborar un diagnóstico de riesgos que permita identificar estrategias para tomar decisiones adecuadas oportunas para conseguir el bienestar común, antes de que volvamos a tener otra pandemia de salud, otro desastre natural, otra persona más violentada, otra familia más viviendo en pobreza.

Considero que es esencial privilegiar redes de cooperación, de información, y comunicación en América Latina y el Caribe, y entre éstos y el resto de los países del mundo. Procurar trabajar en equipo, compartir también los flujos culturales, de conocimientos y financieros que contribuyen a la dinámica global y con ello promover el desarrollo autónomo de los individuos, su corresponsabilidad y participación en la solución de problemas y el deseo de vivir en un mundo más solidario, justo y equitativo.

La discriminación por sí misma se establece como una forma de violencia que ocasiona, para un grupo determinado de personas, la imposibilidad de utilizar y desarrollar sus capacidades al máximo en ejercicio de su libertad. No se puede concebir un verdadero desarrollo económico y social sin la conciencia plena de la dignidad de los individuos.

Sobre el Autor:

Rodrigo Bonet Galaz. Estudiante de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Temas de interés: negocios, globalización y finanzas en general. Afán de la escritura académica y de la investigación.

Contacto:

rodrigo.bonetgz@udlap.mx

[1] https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/desarrollo-humano-y-covid-19-en-mexico-.html)

[2] (https://news.un.org/es/story/2020/07/1477441).

[3] (https://ww1.issa.int/es)

[4]https://www.oecd.org/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-es.htm

[1] Panorama Social de América Latina y el Caribe 2020

[2] Filgueira,F.yotros(2020),“América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social”, serie Políticas Sociales, No 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre.

[1] Panorama Social de América Latina y el Caribe 2020

[1] https://agenda2030lac.org/estadisticas/banco-datos-regional-seguimiento-ods.html?lang=es

[1] Panorama Social de América Latina 2020

[2] Panorama Social de América Latina 2020

[1] https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-“tackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era”-delivered

[2] [2] https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-“tackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era”-delivered

[3] [3] https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-“tackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era”-delivered

[4] Sistemas de Protección Social de América Latina y el Caribe PDF

[5] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

[6] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_176521.pdf

[7] https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/sp-floor/lang–es/index.htm

[1] https://news.un.org/es/story/2020/12/1485292