¿Cuántas tragedias más?

¿Cuántas tragedias más?

Espacio en el que ha aparecido el artículo y fecha en que ha sido publicado: Eje Central (24-01-2019).

La explosión de Tlahuelilpan y sus secuelas producen una profunda frustración y mucho coraje. Podemos engañarnos pensando que el evento era evitable, no hay duda que las autoridades tendrían que trabajar para evitar que eso ocurra, pero la realidad es que tarde o temprano la densa red tejida por complicidad, omisión, ineptitud, irresponsabilidad y voracidad criminal terminaría por provocar la tragedia que observamos. Crónica de un desastre anunciado.

Por más de una década se dejó crecer impunemente el negocio político y criminal del huachicoleo y se permitió que comunidades enteras se vincularan al robo de combustible como una forma de movilidad social. El Estado mexicano ha fallado sistemáticamente porque ha sido incapaz de cumplir su obligación de fomentar la inclusión de millones de mexicanos, ha abandonado a los ciudadanos a su suerte ante la inseguridad, ha cerrado los ojos cuando los grupos criminales desarrollan base social para sus actividades y ha permitido que las víctimas sigan y sigan multiplicándose.

Lo más frustrante de todo es que lo ocurrido el pasado fin de semana difícilmente será un episodio aislado. Mucho menos será la última de las tragedias que hemos sufrido y sufriremos en un México penetrado hasta la médula por el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.

Volverá a ocurrir, con mayor o menor magnitud, porque las imágenes que circulan sobre los momentos previos y posteriores a la explosión, evidencian una profunda crisis de instituciones y autoridades para enfrentar este y otros fenómenos relacionados con la inseguridad. Es difícil reclamar a los soldados y policías que se encontraban en el terreno que no contuvieran a la población que, desbordada, buscaba llenar bidones con el combustible. Contener a comunidades enteras o detener a los responsables en esas condiciones y en esos momentos equivale a pedir lo imposible.

Pero sí debemos exigir que el gobierno federal defina con claridad su estrategia, que implemente operativos capaces de responder con urgencia a este tipo de contingencias y, no menos importante que establezca protocolos y procedimientos más efectivos ante situaciones en los que la población se desborda para participar en actividades ilícitas, poniéndose en riesgo a sí misma y a otros.

Uno de los aspectos más complejos se relaciona justamente con la participación de personas, y comunidades completas en situación de pobreza en actividades ilícitas. Tema que ha sacudido el debate y alimentado el odio en redes sociales. Lo que es claro, es que esto nos tiene que llevar a una discusión público profundo sobre las consecuencias de la debilidad y falta de legitimidad de nuestro Estado de derecho, los efectos destructivos de la corrupción y la impunidad y la importancia de que las políticas sociales en verdad reduzcan la marginación social.

Sobre este último aspecto, no sirve de nada señalar que la desigualdad está contribuyendo en forma importante a la inseguridad o justificar la participación de personas en actividades ilícitas por su situación de pobreza. Se requiere transformar profun- damente la política social y diseñar programas de prevención más eficientes. Los cuales no pueden repetir los patrones del clientelismo o pensarse para garantizar un ejército electoral de reserva. La política social requiere de objetivos y metas medibles, verificables, reportables y fiscalizables, de otra forma seguiremos jugando políticamente con la pobreza.

Para el gobierno federal esta tragedia, la primera sobre la que debe rendir cuentas, representa un llamado de atención sobre la urgencia de fortalecer las instituciones civiles de seguridad y profundizar la transformación de nuestro sistema de justicia. La moraleja es que no son suficientes las buenas intenciones o invocar la esperanza, desde el 1 de diciembre el nombre del juego se llama responsabilidad política.

Acerca del autor: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Maestro en Ciencia Política y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental, obtenida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Coordinador del Índice Global de Impunidad y el Índice México de Impunidad, UDLAP. Coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), UDLAP. Ha sido profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en diversas universidades como: La Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia EconómicaS (CIDE), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fé y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), También ha fungido como profesor del Diplomado en Análisis Político estratégico en el CIDE y tutor de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Ha sido ponente en distintos congresos nacionales e internacionales, donde ha hablado de temas como derechos humanos e impunidad, entre otros. En el servicio público se ha desempeñado como Director General de la Fundación Humanismo Político, A.C., en el Senado de la República entre 2009 y 2013. Coordinador General de Asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2004 y 2006. Coordinador de Análisis en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República entre 2002 y 2003. Director General de Análisis y Estrategia en la Coordinación Para el Diálogo y la Paz en Chiapas, entre 2000 y 2002. Director Académico de la Fundación Rafael Preciado Hernández entre 1996 y 2000. Desde 2017 es Nonresident Scholar en el Mexico Center del Baker Institute en la Universidad de Rice y desde 2015 es consejero de la Asociación Civil Inteligencia Pública, Actualmente es Coordinador Académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, además es columnista semanal en el portal de noticias www.ejecentral.com.mx.

Por: Dr. Juan Antonio Le Clerq Ortega.

Director Académico del Departamento de Relaciones Internacionales Y Ciencia Política, UDLAP.

juan.leclercq@udlap.mx

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