La informalidad, un escape al desempleo
En las calles de México es normal encontrar una actividad económica muy característica en América Latina denominada «ocupación informal», que se caracteriza por el desempeño laboral sin acceder a los servicios de seguridad social, que no tributa por su trabajo, utiliza medios precarios para desempeñarse, tiene pocos ingresos o nulos y, por lo tanto, tiene poco capital disponible, además de bajo nivel de organización en su área de producción: algunas veces son obligados a pertenecer a asociaciones que les imponen cuotas para poder emplearse, lo que no permite que salgan de su condición económica, pues tampoco acceden fácilmente al sistema educativo o de capacitación para el trabajo; otra cara de la informalidad, es la evasión del deber ciudadano de contribuir al erario público.
En algunas ciudades se tomó la determinación de no permitir el establecimiento de estos comerciantes informales, con el argumento de que éstos golpearían a la economía formal, en una época denominada como decembrina y donde se espera que el nivel de consumo aumente, sin embargo, sucedió lo contrario, el nivel de ventas bajó pues el consumidor buscaba los productos adyacentes que en los locales informales se distribuyen, desde comida hasta artículos para adornar las casas, establecimientos y comercios.
La informalidad es heterogénea y ha sido un escape para la economía de subsistencia, la informalidad no significa ilegalidad, sin embargo, es en estos hábitos comerciales donde se llevan a cabo diversos actos ilícitos, como la piratería, venta de artículos extraídos de forma ilegal o la internación al país de la misma forma. Ante un clima de crisis de empleo, la economía de subsistencia se vuelve presa fácil de grupos delincuenciales a gran escala, fenómeno mundial que inició con el proceso de globalización y reforma tecnológica.
La informalidad también le da movilidad a la economía formal y a la generación de programas sociales que permitan al «informal» acceder a los sistemas de salud pública y de vivienda de forma autónoma y en condiciones no depredadoras, lo que podría ser su entrada a una política fiscal menos agresiva que no dificulte su entrada, si no por el contrario, que les permita una cobertura universal, que los lleve a ser una fuerza económica regulada y conforme a sus características de desarrollo.
Acerca del autor: Elizabeth Espinoza Monroy es Doctora en derecho con Mención Honorífica, por la Universidad Panamericana. Cuenta con una Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo Mención Honorífica. Fue becaria CONACYT por la investigación titulada «Proyecto de Modelo para la Educación Jurídica Superior (Vida en el Aula)», dentro del sistema de Excelencia del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, obtuvo una beca, otorgada por el CONACYT por la investigación intitulada «La educación jurídica superior», para la realización de estudios de Posgrado. Desde 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONAC y T «C». Ha colaborado en estudios realizados en conjunto entre México y la Unión Europea y la Secretaria de Educación Pública Federal a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación sobre los retos planteados para la internacionalización de la educación superior y las herramientas desarrolladas para facilitar la cooperación académica y la movilidad estudiantil. Autora de diversos artículos relacionados a la investigación en revistas jurídicas especializadas, ha publicado el libro Paradigmas de la educación jurídica de la editorial Porrúa, actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla.
Por: Dra. Elizabeth Espinoza Monroy.
Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho UDLAP.
