¿Qué tipo de policía queremos?
Espacio en el que ha aparecido el artículo y fecha en que ha sido publicado: Eje Central (16-11-2018).
La redefinición de la política de seguridad en México pasa por la transformación de las policías, especialmente a nivel municipal y estatal donde se concentran 85 por ciento. Diseñar un modelo policial más efectivo involucra aspectos complejos como desarrollo de capacidades institucionales, esquemas de profesionalización y capacitación, equipamiento más adecuado, redefinición de protocolos de operación o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno. Lo que solemos ignorar convenientemente, es que las policías requieren también de condiciones de trabajo dignas para cumplir la función de proteger a los ciudadanos.
La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), permite conocer las carencias y problemas estructurales que enfrenta la policía para desempeñar sus funciones. Van algunos datos de esta radiografía exhaustiva sobre lo que significa trabajar como policía en México: 79.4% de las policías sufren de sobrepeso u obesidad, alcanzando 81.7% en las policías municipales como entre quienes realizan funciones operativas. Si bien sólo 18.6% desarrolló alguna enfermedad crónica, 53% enfrentó deterioro en su salud como resultado de su trabajo.
En promedio, 19.3% de las policías trabajan turnos de 24 x 24 horas, en el ámbito municipal lo hace el 27.2%, mientras que en el ámbito federal predominan turnos de 12 x 12 horas. Esto habla del desgaste que implica una jornada laboral. Es importante que 82.7% haya realizado examen de confianza y 81.3% examen de control de confianza. Aunque sólo 57.8% ha recibido cursos de actualización, destacando que las policías ministeriales federal (50.1%) y estatal (45.8%) se encuentran por debajo del promedio.
Destaca que 86.1% declara haber tenido que obtener por cuenta propia algún accesorio o material de apoyo necesario para su protección o para realizar sus funciones, lo cual además no fue reembolsado por la corporación. Aunque sólo 4.9% tuvieron que adquirir armas o municiones por su cuenta. Nuestras policías carecen de equipamiento adecuado o suficiente para realizar sus labores cotidianas y esto los coloca en una situación de mayor riesgo en su trabajo.
Lo que es una vergüenza es que 35.6% de las policías fue víctima de algún delito o conducta antisocial, como amenazas o discriminación por ser policía. A nivel nacional se alcanzaron 336 actos de discriminación por cada 100 elementos, especialmente en las policías preventivas estatal (558) y municipal (244), llegando a mil 43 casos por cada 100 elementos en la Ciudad de México.
Las policías también deben enfrentar la corrupción en su relación con los ciudadanos y en sus corporaciones. La tasa de víctimas de corrupción llega a un promedio de 90 por cada 1000 elementos, con niveles superiores en Ciudad de México (179), Chihuahua (133), Michoacán (130), Coahuila (127), Querétaro (116), Sonora (112) y Baja California (103). En lo que respecta a actos de corrupción, la tasa es de mil 688 por cada mil elementos, con niveles más elevados en Ciudad de México (4,467), Coahuila (3,580), Querétaro (3,441), Sonora (2,928), Michoacán (2,195) y Jalisco (2,075).
Es claro que, en una década marcada por el incremento de la inseguridad y la violencia, las autoridades federales, estatales y municipales no han hecho su trabajo para mejorar las condiciones de trabajo para las policías. Ahora que debatimos la redefinición de la estrategia de seguridad ante el cambio de gobierno, no podemos darnos el lujo de postergar la modernización de nuestras policías y evadir la responsabilidad de garantizarles condiciones dignas de trabajo. ¿Queremos mayor seguridad?, entonces necesitamos mejores policías.
Acerca del autor: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Maestro en Ciencia Política, FCPyS, UNAM. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), UNAM. Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambioental, Flacso, México. Doctorante en Ciencia Política, FCPyS, UNAM.
Coordinado del Índice Global de Impunidad y el Índice México de Impunidad, UDLAP. Coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), UDLAP.
Sus áreas de interés son gobernanza y sustentabilidad, cambio climático, política energética, análisis institucional, acción colectiva y cooperación, teoría política contemporánea, proceso legislativo en México y medición del fenómeno de la impunidad.
Ha sido profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en diversas universidades, como la Universidad Iberoamericana, el CIDE, el ITESM Sante Fe y el ITAM. Ha sido profesor del diplomado en análisis político estratégico en el CIDE y tutor de la maestría en Derechos humanos y Seguridad Pública del ILCE.
En el servicio público se ha desempeñado como Director General de la Fundación Humanismo Político, A.C. en el Senado de la República entre 2009 y 2013. Coordinador General de Asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2004 y 2006. Coordinador de Análisis en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la república entre 2002 y 2003. Director General de Análisis y Estrategia en la Coordinación Para el Diálogo y la Paz en Chiapas, entre 2000 y 2002. Director Académico de la Fundación Rafael Preciado Hernández entre 1996 y 2000.
Actualmente es columnista semanal en el portal de noticias www.ejecentral.com.mx
Por: Dr. Juan Antonio Le Clercq
Director Académico del Departamento de Relaciones Internacionales Y Ciencia Política, UDLAP.
