Impunidad ambiental en México

Impunidad ambiental en México: Índice Global de Impunidad Ambiental México 2020 propone una medición comparativa nacional sobre las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales a partir de cuatro dimensiones: capacidad institucional, degradación ambiental, crimen ambiental y estrategia intergeneracional. Su enfoque define la impunidad ambiental en un sentido amplio que permite integrar tanto la existencia de delitos y crímenes ambientales, actividades que provocan daños y riesgos para ecosistemas y comunidades humanas, como la inexistencia o insuficiencia de capacidades y recursos institucionales para proteger el entorno y garantizar el respeto del derecho a un medioambiente sano.
La pandemia nos ha mostrado la enorme vulnerabilidad del ser humano y nos dio elementos para reflexionar sobre nuestra capacidad para enfrentar una eventual —para algunos inminente— catástrofe ambiental. Los científicos han acuñado el término Antropoceno para designar la era geológica que vivimos actualmente, resultado de la alteración acelerada de la naturaleza y la intervención humana en los ciclos vitales del planeta. Dichas alteraciones podrían tener un impacto destructivo para la calidad de vida de las comunidades humanas, en especial en aquellas regiones con mayor pobreza y altos índices de desigualdad socioeconómica.
Este estudio, desarrollado por un equipo de expertos y coordinado por Celeste Cedillo, Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez, representa un esfuerzo conceptual y metodológico para acercarnos a la problemática de la justicia ambiental retomando las ideas desarrolladas como parte del proyecto IGI (Índice Global de Impunidad). Propone una medición estadística que, recurriendo principalmente a fuentes oficiales de información ambiental a nivel estatal, permita generar una medición comparativa sobre las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales entre las entidades a nivel nacional. De igual forma, medir los índices de impunidad ambiental permite identificar áreas de oportunidad para que los estados mejoren la formulación e implementación de sus políticas ambientales.
El estudio se encuentra disponible para consulta a través de la página del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la UDLAP.