El derecho humano a la educación ¿es reconocido o garantizado en la reforma educativa?
En la reciente reforma educativa se estableció, en el artículo tercero constitucional, en sus dos primeros párrafos, que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
De acuerdo a lo anterior, la pregunta es inminente: ¿Puede reducir el derecho a la educación a un simple reconocimiento o categóricamente el Estado debe garantizar por los medios establecidos en la pasada reforma la impartición de esta a todos los mexicanos?. Si la respuesta afirmativa, el estado tendrá una tarea que se antoja difícil en relación al porcentaje de analfabetas que el actual Secretario de Educación Pública indicó un estimado de “15 millones en un país de 112 millones de habitantes”; ello implica que la reforma tendrá como primer enemigo al tiempo, pues este es escaso para implementarla con los alcances esperados. La capacitación de los profesores será la pieza clave para el éxito de una reforma que se ve cuesta arriba si no existen consensos sobre la inversión monetaria y de capital humano que la puesta en marcha de la reforma implicará.
En los citados párrafos constitucionales se establece que en la impartición de la educación nacional se fomentará el respeto a los derechos humanos. Sin precisar que el derecho a la educación es precisamente un derecho humano, con independencia de cualquier título con características de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia de naturaleza internacional, dando paso a cuestionamientos tales como: ¿por qué solo se reconocen los grados de educación básica y media superior como obligatoria? ¿La educación superior y tecnológica no forma parte de un desarrollo fundamental en el individuo o el país? ¿Por qué se dejó fuera el impulso a la ciencia y la tecnología como piezas fundamentales en el crecimiento económico de nuestro país y base clave para la educación, en función de los derechos humanos?. La respuesta sigue en el aire.
El derecho a la educación como garantía se perfila débil cuando el alcance solo es de reconocimiento en discurso por parte del estado y no así en políticas serias de implementación real, y se reduce solo al cumplimiento medianamente eficaz de una reforma: aspiración contraria al derecho humano a la educación.
Acerca del autor: Elizabeth Espinoza Monroy es Doctora en derecho con Mención Honorífica, por la Universidad Panamericana. Cuenta con una Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo Mención Honorífica. Fue becaria CONACYT por la investigación titulada «Proyecto de Modelo para la Educación Jurídica Superior (Vida en el Aula)», dentro del sistema de Excelencia del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, obtuvo una beca, otorgada por el CONACYT por la investigación intitulada «La educación jurídica superior», para la realización de estudios de Posgrado. Desde 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONAC y T «C». Ha colaborado en estudios realizados en conjunto entre México y la Unión Europea y la Secretaria de Educación Pública Federal a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación sobre los retos planteados para la internacionalización de la educación superior y las herramientas desarrolladas para facilitar la cooperación académica y la movilidad estudiantil. Autora de diversos artículos relacionados a la investigación en revistas jurídicas especializadas, ha publicado el libro Paradigmas de la educación jurídica de la editorial Porrúa, actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla.
Por: Dra. Elizabeth Espinoza Monroy
Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho de la UDLAP
elizabeth.espinoza@udlap.mx
