La reforma en telecomunicaciones ¿una duda razonable?
La controversial reforma es y será motivo de discusión durante largas semanas. El motivo es sin duda que los ciudadanos vivimos en las telecomunicaciones, es impensable la vida en nuestros días sin ello, porque aun en los más apartados rincones del país, se encuentran presentes. El planteamiento de los “beneficios” de la discutida reforma parece un hermoso sueño, pues promete el fortalecimiento de la libertad de expresión e información, implementando el derecho al acceso a las tecnologías de la información, banda ancha y radiodifusión. Se pretende fomentar la competencia en el sector, el incremento en la infraestructura y garantizar el uso eficaz y eficiente en todos sus servicios. La duda razonable es ¿cómo será el sueño en la realidad? No abrieron más espacios, somos tratados como consumidores no como ciudadanos y, peor aún, como ciudadanos de segunda clase, los costos de estos servicios son cada vez más altos y engañosos. Se antoja impensable hablar de libertad de expresión cuando será la secretaria de gobernación quién verificará los contenidos de los programas de radiodifusión y televisión, ¿quién decidirá cuál es la información más “adecuada”? o lo más preocupante: ¿qué debemos saber o no debemos conocer los ciudadanos a la luz de quien controle finalmente este sector? El derecho humano al acceso a la información no es el derecho del consumidor, son mundos distintos.
Un pedacito de la reforma nos lleva a la ilusión de poder contar con el servicio a internet de banda ancha en escuelas, hospitales y edificios públicos, mediante una red del Estado que llevará conectividad en más de 250 mil sitios públicos para 2018. La realidad sólo en el 2018 la sabremos y esperemos que no se vea opacada por sucesos inesperados como los no previstos en el tan sonado “apagón analógico” y lo más complejo ¿el Estado realmente tendrá los recursos humanos y financieros para llevar a cabo esta tarea? ¿o será como en la actual Myanmar donde el servicio es proporcionado por el Estado y este es precario, excesivamente lento y muy deficiente, pero muy controlado?
Un derecho humano indiscutible que pretende proteger esta reforma es el derecho a la familia, consientes los promotores de esta reforma, de la necesidad de proteger a la infancia y la juventud a través de mantener controles eficientes sobre los contenidos audiovisuales que perturban el desarrollo mental y moral, han procurado que sea la Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública quienes, a través de campañas de concientización sobre los efectos negativos de programas de alto contenido “perjudicial” en los medios de comunicación. Sin embargo, no prohíbe la producción de los mismos ni establece parámetros o indicadores mínimos para minimizar sus efectos.
Acerca del autor: Elizabeth Espinoza Monroy es Doctora en derecho con Mención Honorífica, por la Universidad Panamericana. Cuenta con una Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo Mención Honorífica. Fue becaria CONACYT por la investigación titulada «Proyecto de Modelo para la Educación Jurídica Superior (Vida en el Aula)», dentro del sistema de Excelencia del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, obtuvo una beca, otorgada por el CONACYT por la investigación intitulada «La educación jurídica superior», para la realización de estudios de Posgrado. Desde 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT «C». Ha colaborado en estudios realizados en conjunto entre México y la Unión Europea y la Secretaria de Educación Pública Federal a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación sobre los retos planteados para la internacionalización de la educación superior y las herramientas desarrolladas para facilitar la cooperación académica y la movilidad estudiantil. Autora de diversos artículos relacionados a la investigación en revistas jurídicas especializadas, ha publicado el libro Paradigmas de la educación jurídica de la editorial Porrúa, actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla.
Por: Dra. Elizabeth Espinoza Monroy
Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho de la UDLAP
elizabeth.espinoza@udlap.mx
