El acceso a la educación de la niñez refugiada en México: avances normativos y desafíos en la implementación

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El acceso a la educación de la niñez refugiada en México: avances normativos y desafíos en la implementación

Durante la última década, México ha experimentado una transformación significativa en su papel dentro de los flujos de movilidad humana internacional. Tradicionalmente considerado un país de tránsito, el territorio mexicano se ha consolidado también como un país de destino para personas que huyen de contextos de violencia, persecución y violaciones sistemáticas a los derechos humanos (Castles, de Haas & Miller, 2009). En este escenario, la niñez refugiada constituye uno de los grupos más vulnerables y, al mismo tiempo, menos visibles dentro de las políticas públicas.

De acuerdo con estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de la mitad de las personas que solicitan asilo a nivel global son niñas, niños y adolescentes (ACNUR, 2023). Para esta población, el acceso a la educación no solo representa el ejercicio de un derecho fundamental, sino un elemento central para la protección integral, la integración social y la construcción de trayectorias de vida dignas.

Desde el punto de vista normativo, México cuenta con un marco jurídico robusto en materia de derechos humanos y protección internacional. El Estado mexicano es parte de instrumentos fundamentales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención sobre los Derechos del Niño y diversos pactos internacionales que reconocen el derecho a la educación sin discriminación, independientemente de la nacionalidad o del estatus migratorio (ONU, 1951/1967; ONU, 1989). A nivel interno, la reforma constitucional de 2011, así como la Ley General de Educación, establecen la obligación de garantizar una educación inclusiva, accesible y equitativa para todas las personas menores de edad (CPEUM, 2011; Ley General de Educación, 2019).

No obstante, el análisis de la implementación de estas disposiciones evidencia una brecha significativa entre el marco normativo y la práctica institucional. Diversos estudios y reportes han documentado que niñas y niños refugiados continúan enfrentando barreras administrativas para su inscripción escolar, derivadas principalmente del desconocimiento de los lineamientos vigentes, la exigencia indebida de documentación y la rigidez burocrática en los centros educativos (Rodríguez-Izquierdo & Antolínez-Domínguez, 2023). Estas prácticas limitan el acceso efectivo al derecho a la educación y generan desigualdades territoriales en su garantía.

A estas barreras se suman desafíos de carácter social y pedagógico. La presencia de actitudes discriminatorias y prácticas de exclusión en algunos entornos escolares, así como las dificultades derivadas de diferencias lingüísticas y culturales, afectan la integración de la niñez refugiada en las comunidades educativas (Sánchez-Montijano, 2022). Desde el ámbito pedagógico, la falta de formación docente en enfoques interculturales y atención al trauma limita la capacidad de las escuelas para responder adecuadamente a las necesidades específicas de esta población (Silva-Hernández & Rivera, 2020).

Otro factor estructural relevante es la capacidad institucional del sistema de asilo. El incremento sostenido de solicitudes de refugio ha rebasado la capacidad operativa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que enfrenta restricciones presupuestales y de personal frente a una demanda creciente (ACNUR, 2023). Esta situación refleja las dinámicas de una gobernanza global asimétrica del régimen internacional de refugiados, en la cual los países del Sur global asumen una carga desproporcionada en la gestión del asilo (Betts, 2011).

Frente a este panorama, garantizar el acceso efectivo a la educación de la niñez refugiada implica fortalecer la capacidad institucional del sistema educativo, consolidar mecanismos de coordinación intersectorial y asegurar la continuidad presupuestal y programática de las iniciativas existentes. Asimismo, resulta indispensable promover procesos de formación docente en enfoques interculturales y atención psicosocial, difundir de manera clara los lineamientos de inscripción escolar, desarrollar materiales educativos culturalmente pertinentes y generar entornos escolares libres de discriminación.

La educación constituye un eje estratégico para la protección de la infancia en contextos de movilidad forzada y un indicador clave del compromiso estatal con los derechos humanos. Avanzar hacia una inclusión educativa efectiva requiere no solo del cumplimiento formal de la normativa, sino de la transformación de las prácticas institucionales y escolares para responder de manera integral, sostenible y centrada en la dignidad humana.

Referencias
Sobre la autora:

Gigliola Denisse López Nieto

Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP mediante el Programa de Honores.

Contacto: gigliola.lopezno@udlap.mx

Mentora:

Dra. Alison Elizabeth Lee

Doctora en Antropología por la University of California, Riverside. Cuenta con una Maestría en Antropología por la misma institución y estudios en Biología por Brown University.

Contacto: alison.lee@udlap.mx

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