La crisis en la conducción de la política nacional: disociación entre el discurso y la realidad
En el actual escenario de la realidad mexicana es difícil alejarse de la percepción generalizada que el Estado ha sido incapaz de enfrentar, la profunda crisis que desencadenaron los graves sucesos del 2014, tales como los desaparecidos de Ayotzinapa, la matanza del ejército en Tlatlaya, la Casa Blanca presidencial, además de los tropiezos de las dependencias gubernamentales para implementar las reformas estructurales del presidente Peña Nieto; particularmente, la reforma educativa. La incapacidad del Estado para dar respuestas institucionales razonables a estos acontecimientos se debe a que él mismo es parte del problema, al auspiciar facetas de complicidad, corrupción e impunidad que han caracterizado al ejercicio del poder en nuestro país durante varias décadas.
A pesar de que esta situación no es nueva –así lo mostraba la impunidad del fallecimiento de 49 niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009– sí lo ha sido en cambio la virulenta reacción mostrada por la sociedad civil ante los hechos que cimbraron a la opinión pública el año pasado y que hicieron manifiesta la desconfianza generalizada de los ciudadanos en sus máximas autoridades. Lo que esta reacción expresa es el profundo déficit de legitimidad del gobierno federal que se hizo evidente en el caso de las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
¿Qué podría intentar el gobierno federal ante el marcado déficit de legitimidad institucional que reduce considerablemente su capacidad de respuesta a la crisis nacional? Podría emprender muchos cambios orientados a mitigar la desconfianza que experimenta el ciudadano medio con respecto a su capacidad de acción. En este sentido, un vicio que arrastran las decisiones públicas en México es la disociación entre la visión y el discurso oficial sobre las condiciones «óptimas» derivadas de las intervenciones del gobierno, en contraste con las evidencias que aportan observadores y críticos en dirección opuesta. No es el sitio para detallar la disociación entre las declaraciones triunfalistas del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre la prosperidad económica que vislumbra para el país en discrepancia con los indicadores de desempleo y contracción de sectores cruciales de la industria que documentan economistas. Pareciera que una condición para desempeñar los cargos públicos en México fuera la de ostentar a ultranza el lenguaje del triunfalismo.
Lo anterior viene a colación porque los diseños de políticas que pudieran concretar las reformas estructurales de Peña Nieto en los espacios públicos (por ejemplo, en la mejora de la educación) requieren en primer lugar del debate público, alejado del triunfalismo. En la más pura tradición democrática algunos prestigiados autores en el arte del diseño de políticas públicas (entre otros, Charles Lindblom, Giandomenico Majone, Amitai Etzioni), referían la necesidad del debate y la negociación, del arte de la persuasión con evidencias y argumentos plausibles para lograr el respaldo de los ciudadanos hacia las reformas. En esta tesitura, se trata de impulsar en la sociedad una pedagogía de las políticas públicas que logre mediar entre el reino de lo deseable y lo posible (considerando las restricciones financieras y la factibilidad política).
Nada más alejado de lo anterior que el triunfalismo tecnócrata que exhiben algunos funcionarios públicos y, a fuerza de repetición, la ya casi neurótica disociación entre el discurso oficial y la realidad. Una muestra palpable de lo anterior fue el repentino boletín de la SEP que anunciaba la suspensión de la evaluación a los profesores, previo las recientes elecciones estatales, y que acto seguido llevó al Secretario de Educación Pública tras los comicios, a declarar que no tuvo fines electorales la decisión de suspender temporalmente la evaluación de los docentes y de que se aplicará en el país «llueva o truene». Una reflexión sencilla pero de amplios alcances: ¿Qué certezas en la conducción del país y en el diseño de políticas públicas pueden brindar estas señales encontradas de nuestros funcionarios?.
Acerca del autor: Profesor-Investigador de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Educación de la UDLAP desde agosto de 2012 a la fecha. Entre las asignaturas impartidas se cuentan Pensamiento Político Moderno, Teorías de la Democracia, Teorías Políticas Contemporáneas, Organizaciones y Procesos Educativos, Comportamiento Organizacional, Paradigmas de la Calidad de la Educación, etc. Responsable del Proyecto de Investigación Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Impartió diversas asignaturas en el Área de Educación de la UAEH en los programas de Especialidad, Maestría y Doctorado, entre otros temas de sus clases se cuentan: la educación internacional comparada, el desarrollo de las instituciones educativas, las políticas públicas en educación superior, la teoría social y los procesos educativos, la economía y el financiamiento de las universidades, etc. Ha fungido como miembro de jurados en concursos nacionales de tesis de maestría y doctorado promovidos por el ANUIES; asimismo, ha sido evaluador de ponencias del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y de proyectos del CONACYT. Ha participado como ponente en diversas conferencias internacionales, las más recientes en 54 International Congress of Americanists 2012, en Austria, Vienna (Julio 2012) y la 8ª Conferencia Internacional de Educación Comparada y Formación de Profesores, en Plovdiv, Bulgaria.
Por: Dr. Jorge Gamaliel Arenas Basurto
Profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP
jorge.arenas@udlap.mx
