La innovación tecnológica, ¿un riesgo para la estabilidad laboral?
No es nuevo ni propio de nuestros tiempos hablar de que un cambio tecnológico implica una revolución en el campo laboral, sin embargo, las oportunidades laborales están en función de poseer mayores habilidades, capacidades, conocimientos, resolver problemas, tomar decisiones y ser creativos, por mencionar algunos rubros que se han convertido en requisitos indispensables para solicitar una contratación. Y las preguntas que parecen evidentes son: ¿Que ofrece la nueva tecnología que minimiza costos de operación?, ¿cómo impacta la relación de la nueva tecnología y los nuevos avances en procesos de producción y servicios a las áreas de recursos humanos en las empresas?. Las respuestas parecen contenerse en dos puntos:
- definir si la tecnología sustituye o complementa al capital humano.
- si los empleados obtienen la instrucción académica necesaria en el tiempo oportuno.
Los nuevos indicadores son la cualificación y el nivel de instrucción académica que poseen los empleados para su contratación, abriendo cada vez más la brecha salarial, que genera –sin duda– un problema social a corto plazo, y la práctica laboral conocida como premio laboral: entre más habilidades el trabajador posea y que no se han sustituidas por la tecnología aún tendrá mayores oportunidades salariales.
El cambio generado en la tecnología apareció también con la liberación gradual comercial, esta situación agilizó el cambio en los procesos comerciales, la integración económica entre regiones y optimizó la ruptura de regionalismos comerciales. Asimismo, el mercado laboral se diversificó y globalizó, sin embargo, no en todos los rubros laborales fue benéfico, pues actualmente, la fuerza laboral de el área de manufactura o servicios menos calificados, puede encontrarse en países catalogados como «en vías de desarrollo» y con pocas oportunidades de crecimiento, menos garantías laborales y poca justicia social. Y los corporativos más importantes se encuentran en países donde las oportunidades salariales y la seguridad social tengan condiciones óptimas para el desarrollo de la sociedad.
Los países denominados «de economía emergentes», tienen una gran disyuntiva: flexibilizar sus políticas de protección hacia el trabajador o generar políticas educativas que permitan que su fuerza laboral se encuentre en las mismas condiciones de competencia que los que se encuentran en el primer mundo. La primera opción, sin duda, les traerá problemas sociales a corto plazo; la segunda tiene costos económicos importantes, sin embargo, estabilidad económica y social a futuro, sólo es armonizar los avances tecnológicos con la generación de recursos humanos.
Acerca del autor: Elizabeth Espinoza Monroy es Doctora en derecho con Mención Honorífica, por la Universidad Panamericana. Cuenta con una Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo Mención Honorífica. Fue becaria CONACYT por la investigación titulada «Proyecto de Modelo para la Educación Jurídica Superior (Vida en el Aula)», dentro del sistema de Excelencia del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, obtuvo una beca, otorgada por el CONACYT por la investigación intitulada «La educación jurídica superior», para la realización de estudios de Posgrado. Desde 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONAC y T «C». Ha colaborado en estudios realizados en conjunto entre México y la Unión Europea y la Secretaria de Educación Pública Federal a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación sobre los retos planteados para la internacionalización de la educación superior y las herramientas desarrolladas para facilitar la cooperación académica y la movilidad estudiantil. Autora de diversos artículos relacionados a la investigación en revistas jurídicas especializadas, ha publicado el libro Paradigmas de la educación jurídica de la editorial Porrúa, actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla.
Por: Dra. Elizabeth Espinoza Monroy
Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho de la UDLAP
elizabeth.espinoza@udlap.mx
