Los conflictos territoriales un freno a la reforma energética
En México se reconocen tres tipos de propiedad, la privada, la ejidal y la pública; los cuales pueden conformar una sola comunidad y municipios. La denominación ejido, de forma particular, puede ser confundida con comunidad indígena, situación alejada de la realidad pues los ejidos pueden componerse por grupos de ganaderos, cooperativas que funcionan a veces como operadores turísticos y agricultores. Los grupos indígenas responden a otra realidad, es su cultura, costumbres, lengua, forma de gobierno interna, estructuras familiares y sociales, la religión, que los define como un grupo social distinto a los ejidatarios. Con ello las comunidades indígenas se encuentran íntimamente ligadas a la tierra y a la posibilidad de continuar su influencia sobre ella, no sólo en estado de propiedad sino conservando sus valores como tierras ancestrales en donde sus valores culturales se encuentran arraigados, así como la dimensión colectiva de pertenencia.
Siendo este el panorama, no es fácil la negociación de territorio ejidal en donde se encuentren asentadas estas comunidades, los puentes de comunicación se cierran, pues estas comunidades no quieren ser desplazadas y al no llegar a un arreglo sobre la tenencia de la tierra no hay financiamiento y no hay la tan inesperada inversión.
Los conflictos de territorio sobrevienen al interés estratégico, ya sea por la posibilidad de que pase un oleoducto, por la extracción del vapor de lava, o el establecimiento de campos de energía eólica; estos conflictos estarán aparejados por intereses sociales, políticos y en buena medida, económica. Estos conflictos no sólo han sido entre el Gobierno de México y las comunidades indígenas, los que más se han presentado son entre distintos grupos indígenas. Entre ellos, hay focos rojos y requieren de atención prioritaria en los estados de Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y el Distrito Federal.
Hay dos caminos por los cuales se visualiza la propiedad de la tierra en México, uno es el camino técnico-jurídico y el otro de carácter social, esta ambivalencia da pie a establecer formas de generar proyectos y políticas públicas que en papel pudieran parecer muy acertadas, sin embargo en la realidad, los errores de ejecución administrativa, duplicidad de entrega de tierras, resoluciones presidenciales, sentencias de tribunales agrarios, amparos sin ejecutar e invasión de tierras etcétera, han generado desconfianza en los sectores de inversión acerca del éxito de la reforma energética, pues el verdadero freno a la reforma es la tenencia de la tierra.
Por: Dra. Elizabeth Espinoza Monroy
Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho, UDLAP.
elizabeth.espinoza@udlap.mx
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