¿Qué transición energética está en juego?

¿Qué transición energética está en juego?

La retórica de la reforma energética nos ha arrojado a una polarización maniquea entre Estado y mercado, entre propiedad pública y competencia como materialización de virtudes y vicios absolutos. Lo que está en juego es algo mucho más complejo y menos lineal, la definición de una transición en el sistema energético y sus subsistemas (explotación, generación, industria petroquímica, tecnología, transporte, distribución y consumo, etc.), con consecuencias mas amplias hacia ámbitos integrados como mercados económicos, cadenas de proveedores, investigación y desarrollo, agricultura, sistemas financieros y de seguros, desarrollo urbano y medio ambiente, entre otros, y de la cual depende también nuestra inserción en mercados energéticos globales cada vez más dinámicos.

La reforma supone apostar por un tipo de transición energética específica, la cual no sólo alterará la forma en que se producirán hidrocarburos y se generará electricidad en México, sino que también determinará el futuro de nuestras finanzas públicas, la competitividad de nuestra economía y la sustentabilidad ambiental.

A partir del contenido específico del debate legislativo podemos identificar cuatro tipos de transición energética posibles. En primer lugar, no es descartable que se apruebe un conjunto de modificaciones menores y desiguales que mantengan las características institucionales y productivas actuales del sector. Lo cual equivaldría renunciar a implementar algún tipo de transición y apostar un modelo de crecimiento inercial de un sector que enfrenta problemas financieros y de eficiencia, productividad decreciente e incapacidad para garantizar el abasto que demandas los hogares y la industria.

La segunda posibilidad es que las reformas se enfoquen al rediseño de las empresas públicas del sector y a abrir espacios para la competencia, para así detonar la transición de un modelo basado en petróleo hacia otro en el cual aumente la importancia del gas natural dentro de nuestra oferta energética. Me parece que los tres principales partidos entienden la transición energética mexicana justamente en este sentido y desde tres ejes:

1) recuperar el nivel de las reservas petroleras a través de explotación de yacimientos en aguas profundas y ultra profundas

2) aprovechar el potencial para la explotación de gas de lutitas existente en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz

3) reformas en el diseño y marco financiero de Pemex y CFE.

Un tercer tipo de transición posible pero poco probable, consistiría en impulsar cambios para garantizar en un par de décadas la diversificación entre fuentes renovables y no renovables dentro de la matriz energética mexicana. Esto implicaría modificar leyes y crear mecanismos financieros dirigidos para que los mercados tengan incentivos para la generación de energía eólica y solar principalmente. También requería redirigir una parte de las utilidades de la renta petrolera o del aprovechamiento del gas natural, para financiar el desarrollo e investigación relacionados con fuentes renovables.

Finalmente, el último tipo de transición consistiría en impulsar un modelo completamente sustentable. Lo cual implicaría definir metas mucho más ambiciosas y establecer un esquema de gradualidad que limite y encarezca la participación de todo tipo de hidrocarburos en la generación de electricidad y producción de combustibles. Me parece que este modelo está por completo fuera de la perspectiva de los actores políticos.

Todos los partidos resaltan en sus propuestas la importancia de aumentar la generación de electricidad a través de fuentes renovables. Para el PRD esto supone limitar la participación privada en la generación y definir mandatos para que lo hagan Pemex y CFE. Para el PAN y el PRI el impulso a la energía renovable se garantiza con abrir completamente la generación de electricidad a la competencia. Sin embargo, si analizamos los modelos que se derivan de las iniciativas presentadas en el Senado por los tres principales partidos, parece claro que los tres entienden la  transición energética como una combinación de más peso del gas natural en la generación de electricidad, la exploración de nuevos yacimiento petroleros y la reforma institucional a las empresas públicas del sector. Las diferencias y las disputas radican en si se modifica o no la Constitución, si se permite algún grado de competencia y participación de capital privado o si la reforma se limita a cambios en el gobierno corporativo y estructura fiscal de Pemex y CFE.

Las próximas semanas serán un momento de definiciones trascendentales para el sector. El reloj juega en contra del Gobierno y ante el rechazo del PRD a cualquier reforma que modifique la Constitución, el Presidente parece depender de negociar  con un PAN que tiene el sartén por el mango. Lo que es claro es que el modelo inercial es insostenible y que al gobierno no le sirve una reforma cosmética y superficial si quiere detonar el crecimiento del sector y la competitividad de la economía en los próximos años.

Acerca del autor: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Maestro en Ciencia Política, FCPyS, UNAM. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), UNAM. Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambioental, Flacso, México. Doctorante en Ciencia Política, FCPyS, UNAM. Coordinado del Índice Global de Impunidad y el Índice México de Impunidad, UDLAP. Coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), UDLAP. Sus áreas de interés son gobernanza y sustentabilidad, cambio climático, política energética, análisis institucional, acción colectiva y cooperación, teoría política contemporánea, proceso legislativo en México y medición del fenómeno de la impunidad. Ha sido profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en diversas universidades, como la Universidad Iberoamericana, el CIDE, el ITESM Santa Fe y el ITAM. Ha sido profesor del diplomado en análisis político estratégico en el CIDE y tutor de la maestría en Derechos humanos y Seguridad Pública del ILCE. En el servicio público se ha desempeñado como Director General de la Fundación Humanismo Político, A.C. en el Senado de la República entre 2009 y 2013. Coordinador General de Asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2004 y 2006. Coordinador de Análisis en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la república entre 2002 y 2003. Director General de Análisis y Estrategia en la Coordinación Para el Diálogo y la Paz en Chiapas, entre 2000 y 2002. Director Académico de la Fundación Rafael Preciado Hernández entre 1996 y 2000. Actualmente es columnista en www.lasillarota.com

Por: Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega
Director Académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP
juan.leclercq@udlap.mx

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